El Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla revocó, en segunda instancia, la decisión del juzgado de primera instancia  de restablecer el derecho a Silvia Gette Ponce para asumir la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.  

La decisión se adoptó revocando la primera instancia de abril pasado.

“Revocar la decisión proferida el 8 de abril del 2026 por el Juzgado Segundo Penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla mediante la cual se ordenó la suspensión de los efectos producidos en las actas, decisiones proferidas en el acta número 827 del 20 de mayo del 2013 del Consejo Directivo y siguientes por estar viciadas de ilegalidad, dado que el señor Ramsés Vargas Lamadrid no ostentaba las facultades para ser rector de la Universidad Autónoma del Caribe y su nombramiento fue ilegal”, dijo el juez.

Además, revocó "restablecimiento del derecho en favor de Silvia Beatriz Gette Ponce en calidad de rectora en propiedad para quien para la fecha se encontraba en licencia, a su vez de los órganos de control vigentes, sala general y consejo directivo que existían para la fecha 20 de mayo del 2013 y los estatutos vigentes en el año 2013". 

El juez consideró que, aunque existe inferencia sobre que Silvia Gette es reconocida como víctima en la actuación al ser sacada de su puesto, tampoco se puede dejar de reconocer la autonomía universitaria, los estatutos modificados posteriormente bajo esa autonomía que es reconocida por el Estado.

Añadió que la decisión de primera instancia superó la proporcionalidad al desconocer los cambios del estatuto universitario y que la restauración del derecho estaría vulnerando ese principio de autonomía universitaria.

Hay que recordar que el pasado 8 de abril el Juez Segundo Penal Municipal con control de garantías de Barranquilla decidió suspender los efectos del acta de mayo 20 de 2013 de la Universidad Autónoma del Caribe por estar presuntamente viciada de ilegalidad dado que Ramsés Vargas Lamadrid no podía ostentar como rector de la alma máter, según los estatutos de la Universidad, y a su vez realizó el restablecimiento del derecho a favor de Silvia Gette, quien habría sido sacada de la rectoría de la universidad de manera “ilegal” en momento en que se encontraba en licencia para afrontar los problemas judiciales que enfrentaba. 

La imputación a Ramsés Vargas que originó que Gette solicitara restablecimiento de derecho

Hay que recordar que ante el Juzgado 16 Penal con control de garantías de Barranquilla, la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó en noviembre de 2025 por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado al Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Caribe del año 2013 por la presunta elección irregular de Ramsés Vargas Lamadrid como rector y quien estuvo en ese cargo hasta marzo de 2018 luego que las autoridades lo investigaran por supuestos malos manejos de los dineros del Alma Mater.

Algunos de los imputados y quienes estuvieron presentes en ese entonces en la audiencia virtual de formulación de imputación de cargos fueron Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal, y Arturo González Peña, quienes no aceptaron cargos. 

También fue imputado en ese entonces el exrector Ramsés Vargas Lamadrid, quien no estuvo presente y lo declararon en contumacia. 

Según el ente acusador,  por estatutos de la misma Universidad era el vicerrector Mariano Romero el que debía asumir la suplencia ante la ausencia de la entonces rectora en propiedad Silvia Gette Ponce, quien se encontraba de licencia por 6 meses. 

Sin embargo, esto no se dio y en cambio se reunió el Consejo Directivo eligiendo a Ramsés Vargas  a pesar que presuntamente no era suplente y tampoco fue nombrado como tal por su padre Eduardo Vargas Osorio, quien pertenecía a la junta directiva de la universidad. 

Según la Fiscalía, Vargas Lamadrid presuntamente no reunía los requisitos estatutarios para ser rector de la Uniautónoma y  aún así fue nombrado, configurándose, a juicio del ente acusador, los delitos ya mencionados y por lo que fueron imputados los que hicieron parte de ese Consejo Directivo en ese año.  

En este proceso aparece como víctima Silvia Gette, quien fue sacada de la rectoría presuntamente de manera “ilegal”.